La primera parte de las jornadas, que bajo el título “Hacia la igualdad en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad” arrancaron el día 15 en la sede de ONCE Cantabria, y cumplieron ampliamente su objetivo, profundizar con juristas y profesionales del sector las consecuencias de la modificación de la capacidad de obrar en términos jurídicos y sociales y analizar otras fórmulas que pueden ser una oportunidad para que las personas conserven el derecho a tomar las decisiones en su vida con los apoyos necesarios, en lugar de que se las sustituya su voluntad y el ejercicio de sus derechos, como tradicionalmente viene ocurriendo.

 

En la mesa inaugural intervinieron, además de representantes de las entidades organizadoras, Leticia Diaz, Consejera de Presidencia y Justicia, José Luis López del Moral, Presidente del TSJC, Ignacio Tejido, Fiscal Jefe de Cantabria, Jesús Pellón, decano del Colegio de Abogados y Rafael Aguirre, vicedecano del Colegio Notarial de Cantabria. Precisamente, fue el Presidente del TSJC, quien abogó por la necesidad de un cambio de cultura judicial “que pasa por impulsar información, sensibilización y formación en los cuerpos jurídicos para que sus profesionales interactúen de forma adecuada con las personas con discapacidad”. También destacó el compromiso del poder judicial de Cantabria con las pretensiones de las personas con discapacidad en este ámbito y la importancia de este tipo de jornadas específicas.

 

Por su parte, Leticia Díaz, Consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, se refirió al convenio que recientemente firmarán su consejería con la Fundación Tutelar Cantabria para garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en los ámbitos judiciales y de ejercicio de su capacidad jurídica principalmente. 

 

En esta parte de la jornada, tanto Benigno Varela, Magistrado jubilado del Tribunal Supremo, como Mª Ángeles Parra, Catedrática de Derecho Civil, destacaron el valor de las asociaciones que trabajan con las personas con discapacidad y su empuje para promover cambios en el ámbito de los derechos de las personas. Igualmente, insistieron en que “no se puede infantilizar a las personas con discapacidad en la toma de decisiones: hay que compatibilizar sus necesidades, con su dignidad, autonomía e independencia”.

 

A lo largo de la jornada, diferentes ponentes plantearon figuras jurídicas como los poderes preventivos, la autotutela, la guarda de hecho, que no implican proceso judicial y pueden ser una alternativa a la incapacitación “que siempre tiene que ser la última opción, pues es un proceso adecuado pero solo en determinados casos”.

 

Manuel Rueda y Fernando Arroyo, notarios de Vitoria y Santander, analizaron los apoyos a la situación económica de las personas con discapacidad a través del patrimonio protegido y otras soluciones sucesorias focalizando el tema en una herramienta “infrautilizada” a su juicio, como el testamento.

 

Miguel Ángel Thous, médico forense de Tenerife, se preguntaba en el inicio de su exposición cómo se evalúa la capacidad de decidir y lo cierto es que “en España aún no tenemos herramientas o protocolos que nos permitan analizar esta cuestión adecuadamente”. El problema está en cambiar las 256 leyes que limitan el ejercicio de la capacidad de las personas, siendo necesario evitar sentencias para toda la vida.

 

Cristóbal Fábrega, planteó de una forma cercana el trabajo desarrollado desde la oficina del fiscal y abogó por la necesaria especialización de los operadores judiciales en el ámbito de la discapacidad (turnos de oficio propio, abogados, fiscales y jueces especializados, etc.); completando esta mesa la notaria de Bilbao, Carmen Velasco aportando soluciones de protección alternativas a la intervención judicial. 

 

Por último, Francisco González, abogado especialista en discapacidad, realizó un interesante repaso por el articulado de la Convención de Derechos como instrumento que nos plantea grandes retos y Carlos Ganzenmüller, Fiscal del Tribunal Supremo, resaltó algunos suspensos en España en la aplicación de la Convención, como el proceso de incapacidad y de internamientos y la vulneración del derecho al voto.

 

La segunda parte de la jornada “Soluciones jurídicas para la defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad”, continuó en Santander el día 16 con un enfoque más general, dirigido a familias y personas con discapacidad, finalizando en la sede de Amica en Torrelavega. En ambas sesiones se plantearon cuestiones como la incapacitación, tutela, curatela, patrimonio protegido, testamentos, contrato de alimentos y otras fórmulas de protección, y sirvieron para resolver las numerosas dudas generadas por las personas asistentes.

 

Almudena Castro-Girona, notaria y directora de la Fundación Aequitas, junto a sus compañeros de la Fundación, Cristóbal Fábrega, Manuel Rueda y Francisco González, resolvieron las preguntas planteadas en el coloquio.

 

Estas jornadas, organizadas por Fundación Æquitas y CERMI Cantabria, con la colaboración de la Fundación Tutelar Cantabria, Colegio Notarial y Colegio de Abogados de Cantabria, ICASS y Ayuntamiento de Santander se ha demostrado que es posible aplicar la legislación actual respetando la dignidad y autonomía de las personas desde un enfoque plural.